Gobierno impulsa acceso a la tierra para miles de familias campesinas con eliminación de traba histórica
El Gobierno del Paraguay presentó un proyecto de ley que busca eliminar la traba del 3% que impedía a las familias campesinas acceder a sus títulos de propiedad, con el objetivo de avanzar hacia la entrega de 50.000 títulos de tierra en todo el país. La iniciativa fue impulsada por el presidente de la República, Santiago Peña, y remitida al Congreso Nacional para su tratamiento.
La propuesta apunta a corregir una barrera histórica que exigía pagos previos elevados para la titulación, lo que dejaba fuera a miles de familias rurales. Con esta modificación, se permitirá que los beneficiarios accedan primero a su título de propiedad y posteriormente cumplan con el pago en condiciones más accesibles, además de ampliar los plazos de financiación, fortaleciendo así el arraigo y el desarrollo en el campo.
Más oportunidades para el desarrollo rural y la seguridad jurídica
El presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo para acceder al título y trasladarlo a un plazo posterior, permitiendo a los productores invertir primero en sus fincas y generar ingresos. Asimismo, se prevé extender los plazos de pago hasta 20 años para hombres y 30 años para mujeres, en línea con el mandato constitucional de facilitar el acceso a la tierra.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, destacó que se trata de una herramienta clave para el desarrollo del sector productivo, que permitirá superar limitaciones históricas y fortalecer la confianza entre el Estado y las organizaciones campesinas.
En representación del sector, dirigentes valoraron la iniciativa como un avance histórico, señalando que permitirá a miles de familias acceder por primera vez a la propiedad formal de sus tierras, consolidando la seguridad jurídica, la producción y la soberanía alimentaria.
La propuesta cuenta con el acompañamiento del Congreso Nacional y busca ser tratada con carácter prioritario, en el marco de una política pública orientada a ordenar la tenencia de la tierra y generar oportunidades reales para el desarrollo rural.
