El Presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7564, una normativa que establece límites y procedimientos claros para los descuentos y embargos aplicados a los ingresos de los funcionarios del Estado, garantizando la protección del sustento familiar y la estabilidad económica de quienes prestan servicio al país.

Una medida que asegura justicia y equilibrio

La nueva ley pone fin a prácticas que afectaban el derecho de los trabajadores públicos a disponer de sus remuneraciones, fijando un tope máximo del 50% para cualquier tipo de descuento o retención y prohibiendo que beneficios sociales, subsidios y aguinaldos sean objeto de embargo o deducción.

Además, la norma incorpora mecanismos de control y denuncia accesibles, tanto presenciales como digitales, y obliga a las instituciones del Estado a garantizar su cumplimiento mediante procedimientos claros y transparentes.

Esta legislación representa un paso importante hacia la modernización de la gestión pública, al establecer un marco regulatorio que prioriza la responsabilidad institucional y la defensa de los derechos laborales.

También refuerza la confianza entre el Estado y sus trabajadores, asegurando que el esfuerzo de quienes sostienen los servicios públicos se traduzca en bienestar y estabilidad para sus familias.

Con esta medida, el Gobierno del Paraguay reafirma su compromiso con la equidad, la protección social y el fortalecimiento de una administración pública más justa y humana.