Saltar al contenido principal

La actividad contó con la participación de la Primera Dama de la Nación, Leticia Ocampos; del ministro del Interior, Enrique Riera; del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; así como de representantes de los tres poderes del Estado, del cuerpo diplomático, de organismos internacionales y de especialistas vinculados a la prevención y el combate de la trata de personas.

Un compromiso firme contra la impunidad

Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que recordar a las víctimas no es suficiente y llamó a redoblar los esfuerzos para enfrentar una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

El presidente Peña afirmó que la lucha contra la trata de personas exige un Estado fuerte, instituciones coordinadas y una acción permanente para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.

«En nuestro país no habrá espacio para la impunidad cuando se trate de delitos que vulneren la libertad, la integridad y la dignidad de las personas», enfatizó.

Asimismo, ratificó la decisión del Gobierno de fortalecer las políticas públicas mediante la coordinación interinstitucional, la capacitación permanente de los servidores públicos y una mayor cooperación con los países de la región y los organismos internacionales.

El Presidente recordó además la campaña audiovisual «El precio del pasaje», impulsada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, como parte de las acciones de concienciación para prevenir este delito, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Coordinación entre instituciones y países

Durante la jornada se desarrollaron diez paneles temáticos dedicados al fortalecimiento institucional, la actuación del sistema de justicia, la protección integral de las víctimas, la cooperación público-privada, la prevención en entornos digitales, la realidad de las zonas de frontera y los mecanismos de gobernanza para enfrentar este delito.

Finalmente, el presidente Santiago Peña subrayó que la lucha contra la trata de personas exige una respuesta coordinada y sostenida entre las instituciones del Estado, así como una estrecha cooperación con los países de la región y los organismos internacionales, considerando que este delito trasciende las fronteras y demanda acciones conjuntas.

saltar al contenido